La norma UNE 19602 y el compliance tributario

La norma UNE 19602:2019, publicada en la página de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), inaugura, tras la implementación del compliance penal para las empresas, el compliance tributario, encaminado a establecer procedimientos que permitan la detención, prevención y reducción de posibles contingencias fiscales.

La aprobación de esta norma, que con seguridad ocurrirá durante el ejercicio de 2019, persigue el establecimiento de un estándar para facilitar a las empresas la prevención y gestión de los riesgos tributarios, estableciendo procedimientos que les permitan detectar y minimizar los peligros de las posibles infracciones. Al mismo tiempo, gracias a la obtención del certificado UNE 19602, se podrá demostrar ante la Agencia Tributaria y los tribunales que la entidad realiza una serie de controles con el objetivo de cumplir con las obligaciones fiscales existentes. Muy probablemente, con esta certificación se dispondrá de un documento que permita la aplicación de medidas atenuantes si se detecta alguna infracción, y siempre que existan hechos sancionables. La finalidad es probar que las intenciones de la empresa en ningún caso tienen que ver con defraudar o actuar de forma contraria a la normativa vigente.

Así, en aras de la prevención, detección y mitigación del riesgo tributario, la nueva norma llama la atención sobre las siguientes contingencias que pueden conllevar algún tipo de riesgo de ese tipo:

• No presentación o presentación con errores de autoliquidaciones tributarias, siempre que su corrección genere una cuota tributaria mayor.

• No presentación o presentación de autoliquidaciones elaboradas desde una interpretación de la normativa que no coincida con la sostenida por la Administración o los tribunales.

• El contraer deudas tributarias al realizar operaciones que pueden ser regularizadas atendiendo a la normativa anti-abuso aplicable.

• Asunción por la organización de deudas tributarias de terceros por obligación legal.

• Impago de deudas tributarias imputables a la organización y que puedan suponer infracciones tributarias o la comisión de delitos contra la Hacienda Pública.

• En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso de un requisito derivado de una relación jurídico-tributaria.