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Una organización autónoma descentralizada (DAO) se basa en la disposición de tokens. La forma de funcionamiento de las DAO y sus implicaciones jurídicas las vemos en este artículo.

Generalmente, se lanza una oferta inicial de monedas y se acuñan tokens. Los miembros de la organización adquieren los tokens y a cambio reciben una serie de derechos, como el derecho a voto.

Habitualmente, la forma de realizar estos acuerdos es mediante los llamados smart contracts. En estos smart contracts es habitual que se establezca un resultado que se llevará a cabo en caso de que se cumpla con una premisa.

Es fácil conocer las DAO y sus implicaciones jurídicas porque en los smart contracts se establece un código público conocido por todos los miembros de la DAO, de forma que en todo momento se conocen las reglas del juego.

Cómo funciona una DAO

Para conocer las DAO y sus implicaciones jurídicas hay que tener en cuenta que todos los registros se almacenan de forma totalmente transparente. Las reglas las deciden los propietarios de los tokens y suele ser habitual que se hagan propuestas.

Será necesario que las propuestas reciban la mayoría de los votos de los poseedores de tokens. También es posible que la votación se decida por alguna condición que se haya impuesto y que se tiene que cumplir.

En función de los tokens que tenga una persona, es posible que necesite más o menos votos. Las DAO y sus implicaciones jurídicas son importantes debido a que la existencia de este tipo de organización posibilita eliminar una toma de decisiones centralizada. Por otra parte, se logra una mayor distribución de la toma de decisiones entre los miembros de la organización.

Otra ventaja de las DAO y sus implicaciones jurídicas es que se elimina la desconfianza entre los miembros de la organización. Además, no es necesario que los miembros de la organización se conozcan entre sí. La propia configuración de estas organizaciones y la forma de funcionamiento hace que la confianza sea total.

Debido a la forma en que se toman las decisiones, los costes de operaciones también se reducen de forma importante.

Un aspecto importante sobre las DAO y sus implicaciones jurídicas es que pueden surgir conflictos relacionados con la programación. En esos casos, hay que determinar a quién se exigen responsabilidades.

Por otra parte, tampoco queda muy claro cuál es la jurisdicción aplicable a estas organizaciones, por lo que sus miembros deben establecer este aspecto de mutuo acuerdo. Otra alternativa es que sean los propios miembros de la organización los que se encarguen de resolver los conflictos.

Sin duda, la principal dificultad para las DAO es que no hay una normativa concreta que las regule. Esto hace que se trate de organizaciones sin personalidad jurídica y, por tanto, no pueden ser reguladas como tales en las diferentes normativas vigentes.

Son muchos los aspectos que aún quedan por concretar en relación con la forma de regular y gestionar este tipo de organizaciones. Siguen quedando lagunas jurídicas que tendrán que ir resolviéndose con el paso del tiempo y la práctica.