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Fiscal
Relacionamos un compendio de preguntas frecuentes relacionadas con las medidas fiscales adoptadas ante la crisis provocada por el coronavirus.
No se interrumpen los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias mientras estén vigentes las medidas excepcionales por la crisis del COVID-19.
La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos que se establecen en el Real Decreto 463/2020 que declara el estado de alarma, no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
No obstante, el plazo de presentación e ingreso de declaraciones y autoliquidaciones tributarias que sean competencia de la Administración tributaria estatal, cuyo vencimiento se produzca entre el 15 de abril (fecha de entrada en vigor del RDL 14/2020) y el 20 de mayo, se extiende hasta esta última fecha, esto es, el 20 de mayo.
Esta medida sólo afecta a los obligados con volumen de operaciones –tal y como se define en la ley del IVA- que no hayan superado en el ejercicio 2019 los 600.000 euros.
Con independencia del volumen de operaciones, a los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades que tributen por el régimen de consolidación fiscal no se les amplían los plazos. Tampoco se amplían a los sujetos pasivos del IVA que tributen en el régimen de grupos.
El plazo de domiciliación se amplía hasta el 15 de mayo. Con respecto a las declaraciones ya presentadas, el cargo en la cuenta del contribuyente se realizará de manera automática el 20 de mayo en lugar del 20 de abril.
El artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020 concede la posibilidad de aplazar el ingreso del pago a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 (fecha de entra en vigor del Real Decreto-ley) hasta el 30 de mayo de 2020, siempre que las solicitudes presentadas hasta esa fecha sean de cuantía inferior a 30.000 euros y que la persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 en el año 2019.
No es por modelo, sino por el conjunto de la deuda tributaria.
El régimen de aplazamiento de deudas tributarias se encuentra abierto a todos los contribuyentes, aunque no hayan debido cesar su actividad como consecuencia de las medidas impuestas para frenar la epidemia.
Quienes, en virtud del RDL 7/2020, quieran acogerse a las medidas de flexibilización de aplazamientos de deudas tributarias incluidas en el mismo, deben seguir el siguiente procedimiento marcado en unas instrucciones provisionales que la AEAT ha hecho públicas en su página web:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/RB01.shtml
A la hora de realizar el procedimiento telemático de flexibilización de aplazamientos, el contribuyente debe prestar especial atención a los campos que se señalan a continuación, marcando las opciones que se indican:
Si se ha procedido correctamente aparecerá el mensaje:
“Su solicitud de aplazamiento ha sido dada de alta correctamente en el sistema el día X a las X horas, habiendo seleccionado la opción de Solicitud acogida al Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19”.
Acogerse a la flexibilización de aplazamiento prevista en el Real Decreto-ley 7/2020, ofrece las siguientes ventajas:
Sí. Se ha aprobado un beneficio fiscal en la formalización de escrituras sobre novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo de las medidas legales adoptadas ante la crisis del COVID-19.
El Real Decreto-ley 8/2020 añade un nuevo número 28 al artículo 45.I.B) del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, estableciendo una exención de la cuota gradual de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados aplicable a las escrituras en las que se formalice las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se produzcan al amparo de dicho Real Decreto-ley.
Abundado sobre esto, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, matiza que ha de tener su fundamento en los supuestos referentes a la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual, regulados en los artículos 7 a 16 del RDL 8/2020, es decir, que se trate de una adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19, como por ejemplo: estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufrir una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas. O cuando el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria determinados límites con referencia al IPREM, o que medie determinado grado de discapacidad, o que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. O que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.
El Real Decreto-ley 8/2020, establece las siguientes medidas para facilitar el cumplimiento de los trámites en los procedimientos de carácter tributario tales como requerimientos y las alegaciones o la aportación de documentos o datos:
No se exige la presentación de ninguna solicitud para poder acogerse a la ampliación de los plazos.
La ampliación de los plazos prevista en el RDL 8/2020 se aplicará por defecto, sin perjuicio de que el interesado pueda decidir voluntariamente no agotar los plazos.
Teniendo en cuenta la excepcionalidad de la situación provocada por la pandemia de coronavirus y las medidas legales adoptadas para hacer frente a esta crisis se ha planteado al Gobierno la posibilidad de ampliar la campaña de la Renta 2019.
Sin embargo, a pesar de las medidas decretadas por el Gobierno para luchar contra la pandemia del coronavirus, entre las cuales se encuentra la suspensión de los plazos tributarios, por el momento las obligaciones de presentar y autoliquidar los impuestos en los plazos legales habituales siguen vigentes para la campaña de la Renta 2019.
De modo que el 1 de abril empieza la campaña de la Renta 2019, cuyo plazo se prolongará durante los meses de abril, mayo y junio.
La parte positiva radica en que muchas de las declaraciones presentadas resultarán a devolver para un buen número de contribuyentes, significando por lo tanto una ayuda económica que a buen seguro será muy bien recibida en estos momentos tan complicados.
Las comunidades autónomas, en uso de sus competencias normativas, han dictado medidas específicas por las que se aplaza la presentación de declaraciones como las de los modelos 600 (ITPAJD) o 650 (ISD), respecto a los plazos ordinarios regulados para cada impuesto. Estas son diferentes en cada territorio. Así, por ejemplo, Andalucía y Extremadura establecen una ampliación de tres meses adicionales para aquellos vencimientos que se produzcan desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020, ambos inclusive; Murcia también lo amplía tres meses pero para vencimientos entre el 14 de marzo y el 30 de junio; Asturias establece un aplazamiento o fraccionamiento por un plazo máximo de seis meses para el pago de deudas que concurran entre el día siguiente al de finalización del estado de alarma y el 31 de mayo de 2020, ambos inclusive, aplicable a trabajadores autónomos, pymes y microempresas que se hayan visto obligados al cierre; Cataluña suspende la presentación de autoliquidaciones y pago de estos tributos desde el 14 de marzo hasta que se deje sin efecto el estado de alarma y amplía en dos meses adicionales el plazo de presentación para las sucesiones; Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid y La Rioja, lo amplían en un mes respecto al plazo ordinario; Aragón lo amplía en dos meses si el plazo inicial coincide con el estado de alarma; Canarias amplía plazos en uno o dos meses, según se haya producido el hecho imponible antes o durante la vigencia del estado de alarma; Galicia prorroga el plazo de presentación hasta el 30 junio para las declaraciones que debieran ser presentadas entre el 27 de marzo de 2020 y la fecha en la que se levante el estado de alarma, y la Comunidad Valenciana prorroga el plazo de presentación hasta un mes contado desde el día en que se declare el fin de la vigencia del estado de alarma.
La suspensión de los plazos de duración de los procedimientos significa que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no va a realizar, en general, trámites en estos procedimientos durante el tiempo que dure la suspensión.
No obstante, sí podrá realizar los trámites que sean imprescindibles.
Si el obligado tributario atiende el requerimiento, la solicitud de información o si presenta alegaciones antes de la finalización de la ampliación del plazo, el trámite se da por cumplido a todos los efectos.
Si la Administración ha notificado una liquidación tributaria el día 2-3-2020 (antes de la entrada en vigor del RDL), y el plazo de ingreso en periodo voluntario vence el 20-4-2020, es decir vence entre la entrada en vigor del RDL y el 30 de abril de 2020, el plazo de pago en periodo voluntario se extiende hasta el 30 de abril de 2020.
Si la Administración ha notificado un acuerdo de declaración de responsabilidad el día 2-3-2020 (es decir, antes de la entrada en vigor del RDL), y el plazo de ingreso en periodo voluntario vence entre la entrada en vigor del RDL y el 30 de abril de 2020), el plazo de pago en periodo voluntario se extiende hasta el 30 de abril de 2020.
Si la Administración ha notificado una providencia de apremio el día 2-3-2020 (es decir, con anterioridad a la entrada en vigor del RDL) y el plazo de ingreso en periodo voluntario en ejecutiva vence el 20-3-2020, es decir vence entre la entrada en vigor del RDL y el 30 de abril de 2020, el plazo de pago en periodo ejecutivo se extenderá hasta el 30 de abril de 2020.
Si la Administración ha notificado un acuerdo de concesión de aplazamiento o fraccionamiento con anterioridad a la entrada en vigor del RDL, y hay dos plazos que vencen el 20-3-2020 y el 20-4-2020 (es decir, que hay vencimientos entre la entrada en vigor del RDL y el 30 de abril de 2020). Debe tenerse en cuenta, que todos los vencimientos que debieran ingresarse entre la entrada en vigor del RDL y el 30 de abril de 2020 se trasladan a esta última fecha, sin incremento de su cuantía en los intereses, no obstante, el contribuyente puede pagarlos antes si así lo desea.
Si la Administración notifica antes de la entrada en vigor del RDL la denegación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en especie presentada en período voluntario y el plazo de ingreso consecuencia de dicha denegación concluye después de la fecha de entrada en vigor. El plazo de ingreso se traslada al 30 de abril, salvo que el otorgado por la norma general sea posterior, en cuyo caso será éste el que resulte de aplicación.
En caso de que la Administración haya notificado la inadmisión o archivo de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento, suspensión, compensación o pago en especie presentada en período voluntario antes de la entrada en vigor del RDL. Si no se realiza el ingreso, se emitirá providencia de apremio. El plazo de ingreso para abonar la deuda con el recargo de apremio reducido del 10 por ciento se amplía hasta el 30 de abril, si el plazo reflejado en la providencia a que hace referencia el artículo 62.5 de la LGT no ha concluido a la entrada en vigor del RDL.
Si la Administración ha notificado un requerimiento, una diligencia de embargo, o una solicitud de información, antes de la entrada en vigor del RDL, por ejemplo, el 5-3-2020 cuyo plazo de atención concluye entre dicha entrada en vigor del mismo (18-3-2020 y el 30 de abril de 2020. El plazo para atender el requerimiento, la diligencia de embargo, o la solicitud de información se extiende hasta el 30 de abril de 2020.
En el caso en que el contribuyente se encontraba en un procedimiento tributario en el plazo para presentar alegaciones o la comunicación de apertura del trámite de audiencia, y dicho plazo se apertura antes de la entrada en vigor del RDL, por ejemplo, el 5-3-2020 cuyo plazo concluye entre dicha entrada en vigor del mismo (18-3-2020) y el 30 de abril de 2020. El plazo para cumplimentar bien el trámite de alegaciones o bien el trámite de audiencia se extiende hasta el 30 de abril de 2020.
Si se notificó un acto administrativo o una resolución (al recurso de reposición o REA) antes del 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el plazo de recurso o reclamación no ha finalizado a la entrada en vigor de dicho Real Decreto, el plazo para presentar un recurso o una reclamación económico-administrativa es de un mes, que se iniciará de nuevo el día 1 de mayo de 2020 o bien el día siguiente al que pierdan vigencia las posibles prórrogas del Real Decreto 463/2020, en caso de que ese día fuera posterior al 1 de mayo.
El artículo 53 del Real Decreto-ley 11/2020, señala que lo establecido en el artículo 33 del RDL 8/2020 es aplicable a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por lo establecido en la Ley General Tributaria y sus reglamentos de desarrollo y que sean realizados y tramitados por las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, siendo asimismo aplicable, en relación con estas últimas, a las actuaciones, trámites y procedimientos que se rijan por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Además, será de aplicación, tal y como establece la disposición transitoria 5ª del RDL 11/2020, a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad al 18 de marzo de 2020, que fue la fecha de entrada en vigor del RDL 8/2020.
A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020, sí, ya que en su artículo 52 se establece el aplazamiento de las deudas aduaneras.
Este aplazamiento de las deudas derivadas de las declaraciones aduaneras rige desde el 2 de abril hasta el 30 de mayo, siempre que el importe de la misma (incluyendo los distintos conceptos tributarios liquidados) sea igual o superior a 100 euros, pero no superior a 30.000 euros.
Hay que observar lo siguiente:
Las condiciones del aplazamiento son las siguientes:
A veces, una liquidación practicada por la administración local puede tener la apariencia de autoliquidación, ya que es el propio contribuyente o su representante quien la realiza, aunque en realidad, es el Ayuntamiento el que determina el importe de la deuda tributaria.
En cualquier caso, conviene consultar las medidas adoptadas por cada entidad local para asegurarse de las posibles flexibilizaciones de los plazos de presentación o ingreso de las deudas, o de cualesquiera otros beneficios fiscales que eventualmente puedan ser adoptados.
Las deudas derivadas del modelo 123. IRPF. Impuesto sobre Sociedades. Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes), sí se pueden aplazar.
Efectivamente, hay que especificarlo dado que se trata de un aplazamiento por causas excepcionales, y tal como se indica en las instrucciones elaboradas por la propia Agencia Tributaria.
Así es; para ser más exactos se puede aplazar hasta la cantidad de 29.999 euros e ingresar el exceso.
No se puede, dado que son 6 meses. Por lo tanto, la fecha a consignar sería 20/10/2010. No obstante, sí se puede adelantar el ingreso sin intereses de demora durante los 3 primeros meses.
Los plazos de presentación e ingreso de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias de aquellos obligados con volumen de operaciones no superior a 600.000 euros en el año 2019, cuyo vencimiento se produzca a partir del 15 de abril de 2020 y hasta el día 20 de mayo de 2020, se extenderán hasta esta última fecha. No obstante, si la forma de pago elegida es la domiciliación, el plazo de presentación de las autoliquidaciones se extenderá hasta el 15 de mayo de 2020.
No. Además de quedar excluidos los sujetos pasivos con volumen de negocios superior a 600.000 euros en 2019, tampoco podrán disfrutar de esta extensión del plazo los grupos fiscales que apliquen el régimen especial de consolidación fiscal regulado en el capítulo VI del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con independencia de su importe neto de la cifra de negocios, ni los grupos de entidades que tributen en el régimen especial de grupos de entidades del Impuesto sobre el Valor Añadido regulado en el capítulo IX del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con independencia de su volumen de operaciones.
En el caso de obligados tributarios que tengan la consideración de Administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, será requisito necesario que su último presupuesto anual aprobado no supere la cantidad de 600.000 euros.
No se extiende el plazo a la presentación de declaraciones reguladas por el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se aprueba el código aduanero de la Unión.
Se trata de las declaraciones en aduana, para la determinación por este organismo de la deuda aduanera y tributaria.
No obstante, hay que recordar que para estas liquidaciones existe posibilidad de aplazamiento.